Los anticipos, que deberán ser reintegrados en el plazo de un año, se conceden a cuenta de los recursos que corresponde percibir a los ayuntamientos por su participación en los tributos de la comunidad autónoma (Patrica) y en los ingresos del Estado (PIE).
En la provincia de Cádiz, los pagos autorizados se destinan a los municipios de Chipiona (526.556 euros de anticipos autonómicos y 1.689.953 a cuenta de la participación en los ingresos estatales), Rota (392.225 y 1.483.698, respectivamente), Sanlúcar de Barrameda (un millón con cargo a los ingresos del Estado) y Trebujena (221.248 y 630.267 euros).
Los ayuntamientos de la provincia de Sevilla que se acogen a la medida extraordinaria son Las Cabezas de San Juan (235.592 y 1.247.563 euros), El Coronil (163.163 y 454.338), El Cuervo (222.008 y 726.188), Lebrija (337.512 y 1.407.973), Los Molares (9.397 y 281.434), Los Palacios y Villafranca (462.734 y 1.822.534) y Utrera (724.973 y 2,5 millones).
La Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir aprobó en junio de 2012 un acuerdo inicial de disolución ante la grave crisis que atravesaba y que le impedía cumplir sus fines. En abril de 2014 el pleno de la entidad aprobó el acuerdo definitivo, con unas deudas reconocidas de 42,6 millones de euros en concepto de deudas (principalmente a trabajadores, proveedores y bancos) que deben asumir los ayuntamientos mancomunados en función de su cuota de participación.
