Alertan de que no se está cumpliendo con el decreto que exige evaluaciones individualizadas en cada domicilio
El colectivo de ayuda a domicilio ha vuelto a poner sobre la mesa las condiciones de riesgo en las que se desarrolla este trabajo, mayoritariamente desempeñado por mujeres, tras el asesinato de Teresa, una trabajadora que fue asesinada mientras atendía a una usuaria en O Porriño (Galicia). La portavoz del Sindicato CGT en Andalucía, Ana Richarte, ha señalado que el sector “está condenado por la muerte de Teresa”, y ha incidido en que este crimen “se podría haber evitado si se hubiera cumplido el decreto ley que obliga a las empresas a realizar una evaluación de riesgos individual en cada domicilio”.
La sindicalista ha recordado que dicha normativa, el decreto 893/2024, establece la necesidad de aplicar estas evaluaciones, pero ha afirmado que “no se está cumpliendo” y que, además, “sin un seguimiento por parte del Ministerio de Trabajo y una orden reguladora, poco se ha avanzado”. En este sentido, ha denunciado que muchas trabajadoras se han visto obligadas a trasladar ellas mismas las incidencias, sin que ello haya implicado una respuesta efectiva por parte de las empresas.
Richarte ha explicado que, en ocasiones, cuando las profesionales comunican situaciones de riesgo, se les dice que deben “saber gestionar” cualquier circunstancia por el hecho de ser cuidadoras. Según ha añadido, incluso ante casos de acoso sexual, la trabajadora afectada se cambia por otra compañera, sin abordar el problema de fondo: “El riesgo sigue siendo el mismo”, ha sentenciado.
En relación con el caso de Teresa, ha asegurado que “ella ya había indicado a la empresa que no se sentía segura en ese domicilio”, lo que, a su juicio, agrava la responsabilidad de quienes no tomaron medidas. También ha recordado que el artículo 21 del Estatuto de los Trabajadores ampara a las trabajadoras que decidan abandonar su puesto ante un riesgo grave e inminente.
Por último, ha insistido en que el trabajo en domicilios implica no solo desgaste físico, sino también psíquico, debido a la exposición a situaciones complejas de salud mental o entornos familiares conflictivos, sin que exista un reconocimiento específico para estas condiciones.
ANA RICHARTE – SINDICATO CGT ANDALUCÍA
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