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La Constitución Española permite que haya democracia garantizando elecciones, pero no soluciona el problema de la corrupción o el paro

DE ESTE A OESTE – AGUSTÍN RUIZ ROBLEDO – Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada

Este miércoles, 6 de diciembre, la Constitución Española ha cumplido 39 años. Un cumpleaños que llega en un momento político convulso, donde se está hablando casi más que nunca de ella. Diversos movimientos políticos y sociales de la izquierda republicana abogan por un proceso constituyente que culmine con una nueva constitución. Y es que el texto solo ha tenido dos reformas en estas casi cuatro décadas de vigencia. Agustín Ruiz Robledo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, considera que la norma suprema del ordenamiento jurídico español sí está dando sus frutos en cuanto a garantizar la democracia. Sin embargo, apunta que no puede entenderse la Constitución como una garantía para acabar con dos de las principales preocupaciones de la ciudadanía: la corrupción y el paro. Algunas voces señalan que la Constitución vigente está agotada, ya que no representa la realidad de la sociedad actual. Por eso, proponen que el proceso para su reformulación y reforma se haga desde abajo, es decir, de manera participativa con todos los sectores de la sociedad. En este sentido, el profesor Agustín Ruiz Robledo cuenta la experiencia de otros países que tienen en cuenta a sectores representativos de la ciudadanía. La Constitución fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, siendo posteriormente sancionada por el rey Juan Carlos primero el 27 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre del mismo año. Tuvo dos modificaciones, la primera fue en 1992 y sirvió para adecuar la legislación al Tratado de Maastrich, permitiendo a los extranjeros residentes en España ser electores y elegibles en las elecciones municipales. La segunda modificación tuvo lugar en 2011, con la sonada reforma exprés del artículo 135 para priorizar estabilidad presupuestaria ante el gasto social.


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