Ana Gómez – responsable de Alianza por la Solidaridad en Andalucía
Alianza por la Solidaridad-ActionAid reclama al Gobierno la regularización de las personas migrantes para que puedan vivir.
También trabajar en condiciones dignas y evitar los incendios que se producen en los asentamientos, como los del último mes en Níjar y en Palos de la Frontera. Para la organización, estas catástrofes no son accidentales, sino consecuencia de las condiciones de vida de estas personas. Casi todas ellas son trabajadoras y trabajadores temporeros en campañas de recolección agrícola cuyos derechos humanos son vulnerados con impunidad. Hablamos con Ana Gómez, responsable de Alianza por la Solidaridad en Andalucía.
Petición
Alianza por la Solidaridad-ActionAid se suma a la exigencia de medidas urgentes por parte de las administraciones locales implicadas para que pongan a disposición del millar de personas afectadas soluciones habitacionales de emergencia. Además, reclama soluciones definitivas mediante ofertas de viviendas sociales para los y las trabajadoras agrícolas, sea cual sea su situación administrativa, en Andalucía y en el resto de España
De forma paralela, la ONG reclama también la puesta en marcha de un proceso de regularización para las personas migrantes que trabajan en España. España necesita, según datos oficiales, entre 75.000 y 80.000 temporeros al año. Por otro lado, Alianza por la Solidaridad, reclama cambios en los trámites administrativos, establecidos en la Ley de Extranjería. Es el caso de los informes de arraigo, prácticamente imposibles de conseguir en campañas agrícolas porque se exige un año de contrato. Sin ellos, no se obtiene el permiso de residencia temporal, ni por tanto acceso a contratos o un alquiler. Alianza por la Solidaridad destaca la especial vulnerabilidad de las mujeres migrantes.
A nivel europeo, ActionAid se ha sumado a una carta abierta a las autoridades comunitarias y los europarlamentarios en los que se exige que la nueva Política Agraria Común tenga en cuenta la condicionalidad social. Esta condicionalidad abarcaría diversas áreas como empleo legal, igualdad de trato, remuneración, tiempo de trabajo, salud y seguridad, vivienda, igualdad de género, seguridad social y condiciones justas para todos los trabajadores empleados en la agricultura, incluidos los trabajadores móviles y migrantes.
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