«No hay que pensar en la vivienda como un producto sino como un derecho y, si no hay compradores potenciales, hay que destinarla al alquiler con precios adaptados a las personas demandantes», Antonio Ibañez, director general de Vivienda – Junta de Andalucía

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Esta es la base de la última petición de la Consejería de Vivienda a los Ayuntamientos según Antonio Ibáñez, director general del ramo en la Junta de Andalucía. Reconoce que, en los últimos años se ha permitido la construcción de mucha vivienda pública que ahora está vacía. De ahí que, desde la Consejería, den un año a los ayuntamientos para que acaben con su stock de Vivienda de Protección Oficial vacías. Antonio Ibáñez calcula que, en toda Andalucía, hay unos cinco mil inmuebles sin ocupar, algo inadmisible, asevera, teniendo en cuenta la emergencia habitacional que sufre la población. Las VPO de venta pasarían temporalmente a régimen de alquiler social. Así los propietarios pueden recurrir a seguros que garanticen el pago de los alquileres y, en caso de que las promotoras se consideren incapaces de alquilar estas viviendas, la Junta se ofrece para que le sea cedida su titularidad y hacerse cargo de la gestión. Además, desde la Junta sacarán una nueva reglamentación que garantice la agilidad de estos procesos.