José Fabián Cámara Pérez – CERMI Andalucía y Down Andalucía
Este martes, el Gobierno andaluz aprobaba el decreto que establece el servicio de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales.
Este decreto establece que la asistencia para este alumnado pase a ser un servicio complementario impartido por técnicos de Integración Social y de Interpretación de Lengua de Signos Española. Esta medida ha recibido las críticas de varios colectivos, entre ellos CCOO-A.
El sindicato rechaza que se degrade la atención al alumnado con necesidades educativas especiales a un mero servicio complementario. La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, advierte de que, con este decreto, se privatiza el servicio y se rompe el consenso que llevó a la aprobación de la Ley de Educación en Andalucía. Defiende que esa atención y apoyo corresponde al profesorado y a profesionales cualificados.
La Ley de Educación en Andalucía aprobada en 2007 establece como servicios complementarios de la Educación las aulas matinales, los comedores, el acompañamiento del transporte escolar y las actividades extraescolares. Por ello, Marina Vega considera que la Junta está privatizando el derecho del alumnado con necesidades especiales bajo el falso argumento de mejorar el servicio. Advierte de que esto, además, va a aumentar la precarización laboral que sufren las trabajadoras de las empresas contratadas y la desregulación de sus condiciones de trabajo.
Según CCOO, el personal que ejerce las funciones de apoyo y atención, de integración social e intérpretes de lengua de signos, está compuesto por más de 2.200 trabajadoras y trabajadores, de los que 842 son personal propio de la Junta y alrededor de 1.400 personal contratado por empresas privadas a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación. Vamos a valorarlo desde la perspectiva social con José Fabián Cámara Pérez, coordinador de la Comisión de Educación de CERMI Andalucía y presidente de Down Andalucía.
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