Ahora abrimos espacio de reflexión. No olvidamos tampoco una realidad que hace mella en los derechos humanos.
Esta crisis sanitaria, económica y social ha agravado la situación de los asentamientos de infraviviendas. Ya de por sí, las condiciones de salubridad eran ínfimas. Y en este contexto en el que estaba en boca el “Quédate en casa” para evitar la propagación del virus y defendernos de este, en estas zonas no podía darse esta premisa.
Conocemos un testimonio de primera mano de SEYD OU, es miembro de la Asociacion de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad, ASNUCI. Es jornalero y vive en el asentamiento de infraviviendas de Lepe. Precisamente, esta misma entidad ha denunciado la suspensión del reparto de agua potable.
Las medidas higiénicosanitarias ha sido baza principal en la contención de la pandemia. No han sido así en los asentamientos de infraviviendas de las provincias de Huelva y Almería. Precisamente, tampoco lo olvidamos, en estas zonas malviven quienes mantienen a flote las campañas agrícolas, trabajan el campo y han garantizado el abastecimiento de alimentos. SEYD OU lamenta que no se hayan adoptado alternativas habitacionales dignas.
Por otro lado, numerosas organizaciones sociales han denunciado, y no solo durante la pandemia, la ausencia de puntos fijos de agua. Han pedido a las administraciones locales su implementación. Una petición tan solo saneada por el reparto de este derecho humano con camiones cisterna. Antonio Abad es Presidente de la Asociación Solidaridad Igualdad y Sostenibilidad Trabajo Integral (Asisti) y miembro fundador del Colectivo de Trabajadores Africanos.
En este sentido, cuestiona la partida de 2,2 millones de euros anunciada por la Junta. Estos fondos están destinados a los ayuntamientos onubenses y almerienses de los términos municipales con asentamientos de infraviviendas. El objetivo es cubrir facturas de agua, alimentos, y material de aseo para los jornaleros y jornaleras. Antonio Abad niega que estas partidas hayan fraguado.
Por su parte, el director de Almería Acoge, Juan Miralles, incide en que la situación infrahumana de los asentamientos de infraviviendas es un problema estructural. La atención, dice, que ha crecido al menos desde las entidades sociales, debe mantenerse más allá de la pandemia.
También pide medidas de las administraciones a largo plazo y otorgar de alternativas habitacionales dignas a estas personas migrantes que malviven en las infraviviendas.
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