JUANA PARAGÓN – Asociación Feministas 8M de Jaén
España es un país democrático, con una Constitución que recoge nuestros derechos y libertades, también nuestros deberes.
Además, después de muchos años de luchas sociales y feministas, contamos con una legislación importante en materia de derechos sexuales y reproductivos. Pero, una cosa es el papel y otra la práctica. En concreto, nos referimos a las interrupciones voluntarias del embarazo, IVE. Sobre la ley, el aborto está reconocido en España como un derecho y como una prestación sanitaria que forma parte de la cartera de Servicios de la Sanidad Pública, pero la práctica revela, sin embargo, algunas deficiencias de fondo como el hecho de que la gran mayoría de estas intervenciones se deriven a clínicas concertadas y no se realicen en centros sanitarios públicos.
Esto último no conlleva un coste económico directo para la mujer pero sí supone un problema para muchas de ellas porque, si no hay ninguna clínica acreditada en su ciudad de residencia, tienen que desplazarse a otra provincia, a lo que a menudo se le añaden otros obstáculos como una falta de información clara sobre los trámites y una creciente presión social por parte de colectivos antiabortistas.
Basta un dato: en 2020, solo el 15,49 por ciento se realizaron en centros públicos por la elevada objeción de conciencia entre los médicos. Si las cifras de abortos voluntarios realizados dentro de la rama sanitaria pública son tan bajas es, fundamentalmente, por esa objeción de conciencia que alega un gran número de doctores para no llevar a cabo esta práctica médica.
Es lo que está pasando en la provincia de Jaén. Colectivos feministas denuncian la imposibilidad de practicar la Interrupción Voluntaria del Embarazo en todo el territorio jiennense dado que, amparándose en el derecho a la objeción de conciencia, no se oferta dicho servicio en ningún centro por vía pública ni concertada en dicha provincia. Hablamos con Juana Paragón, portavoz de la Asociación Feministas 8M de Jaén.
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