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CECU y COAG denuncian irregularidades en el etiquetado de tomates cherry

Etiquetado tomates cherry

Alertan que la empresa Azura comercializa tomates con etiqueta de origen en Marruecos pese a ser del Sáhara Occidental

La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) han presentado una denuncia ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por presuntas irregularidades en el etiquetado de tomates cherry vendidos en supermercados españoles, concretamente en los lineales de Carrefour.

Ambas organizaciones han alertado de que la empresa Azura, con más de 400 hectáreas de invernaderos en producción en el Sáhara Occidental, ha comercializado tomates cherry en establecimientos de la cadena Carrefour con la etiqueta de origen “Marruecos”. Una situación que ya denunciaron en Francia y que, según han señalado, también se ha producido en España.

En esta línea Eduardo Montero, experto en alimentación de CECU, ha explicado que en varios lineales de Carrefour se han identificado tomates “que, a pesar de haber sido producidos en el Sáhara Occidental, están etiquetados como si fueran marroquíes”. Para Montero, esto supone una vulneración del derecho de los consumidores a conocer con exactitud el origen de los productos que compran.

En este sentido, desde la organización han insistido en que el correcto etiquetado no solo responde a una cuestión de transparencia informativa, sino también de derechos. “Es una obligación recogida en la normativa europea”, ha señalado Montero, quien ha añadido que este tipo de prácticas afectan también a la competencia y al trabajo de los productores locales.

Ambas entidades han solicitado que se investigue lo ocurrido y que, en caso de confirmarse el incumplimiento, se sancione a las empresas responsables. Según han indicado, ya han trasladado la denuncia a las autoridades competentes y han pedido que se valore la adopción de medidas.

CECU ha recordado que esta actuación se apoya en resoluciones previas sobre etiquetado y ha instado a las administraciones públicas a “identificar y señalar las responsabilidades que puedan existir”.

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