JUAN CLAVERO (portavoz de Ecologistas en Acción Cádiz) y MANUEL CHAPARRO (director EMA-RTV)
El Tribunal Constitucional admite por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central y suspende algunos preceptos del decreto andaluz que modificaban la Ley Audiovisual y la de Patrimonio.
Este decreto modificaba de una tacada 27 leyes y ha generado toda una corriente de protestas en diversos sectores de la sociedad andaluza al considerar que el decreto abre la puerta a provocar importantes daños medioambientales, territoriales, sociales, sanitarios y de patrimonio histórico, y a fomentar, entre otras cosas, la especulación urbanística y la privatización de servicios públicos.
Juan Clavero, portavoz de Ecologistas en Acción Cádiz y responsable en materia de Ordenación del Territorio, nos cuenta que el Constitucional ha admitido a trámite el recurso a los dos artículos, pero el resto continúa tal cual.
También queda señalado el artículo 13, que afecta al Patrimonio Histórico de Andalucía en tanto en cuanto exime de autorización previa administrativa y comunicación a la Consejería competente de posibles obras sobre bienes de interés cultural y su entorno. Esta regulación choca de pleno con la competencia estatal en defensa de los bienes culturales contra la exportación y expoliación prevista en el artículo 149.1.28 de la Constitución española.
Modificación
Por otro lado, Manuel Chaparro, director de EMA-RTV, catedrático de Periodismo de la Universidad de Málaga, explica que esta decisión del Tribunal Constitucional de paralizar su aplicación en espera de la resolución de la demanda planteada por el Gobierno de la nación, mantiene vigente la Ley Audiovisual de Andalucía, pero al mismo tiempo permite analizar con algo más de sosiego las medidas que plantea el Decreto Ley que consideramos pueden resultar muy lesivas para el sector audiovisual andaluz. De ahí la importancia del pronunciamiento del CAA.
La modificación de la Ley 10/2018 Audiovisual de Andalucía, sin un trabajo de consensos y consultas obligadas, puede suponer un hito desregulador en materia audiovisual dirigido al fomento de iniciativas que solo benefician a quienes hasta ahora se han negado a someterse a la Ley. Esta es la razón por la que una clara mayoría del sector audiovisual y de sectores representativos de la sociedad civil se ha manifestado en contra.
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