El decreto ley de mejora y simplificación administrativa de Andalucía degrada el servicio público de radio y televisión municipal y abre las puertas a un modelo de cadena comercial

ENRIQUE BUSTAMANTE – Universidad Complutense de Madrid

Así lo señala en la Onda Local de Andalucía Enrique Bustamante, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid. También fue vocal del Comité de sabios para la reforma de los medios públicos que nombró el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004.

Lo hace al hilo de la aprobación, este lunes por la Junta, del decreto de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía. Supone una modificación de la Ley Audiovisual de Andalucía de 2018, ya que elimina la restricción de entidades privadas en la participación de la gestión de los servicios públicos de comunicación local. En este sentido, Enrique Bustamante, lamenta que apenas un año y medio después de haberse aprobado la Ley Audiovisual por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, se cambie de manera unilateral por el gobierno autonómico por decreto ley. Esto, matiza Enrique Bustamente, supone una alteración del mapa de la radiodifusión y televisión local, ya que su privatización implicaría un acentuado déficit democrático y abre las puertas a un modelo de cadena comercial.

Esta modificación de la Ley Audiovisual de Andalucía responde, como anunciaba este lunes el portavoz del Gobierno autonómico, Elías Bendodo, a la necesidad de favorecer la flexibilidad y la consolidación del sector de la comunicación audiovisual.

ELÍAS BENDODO – Portavoz del Gobierno autonómico

Emisoras externalizadas

Esto llega tras conocerse que se ha declarado ilegal la cesión de «gestión íntegra» de una emisora municipal de Tarragona a empresas privadas, aunque sea «sometida a cierto control». La Ley Audiovisual de Andalucía recogía que la gestión de las emisoras y televisiones municipales era competencia únicamente de los ayuntamientos. Hasta el momento, cerca de una treintena de consistorios andaluces han externalizado sus emisoras públicas locales de manera ilegal.