En un paciente electrodependiente, la escalada del precio de la electricidad supone un incremento medio de 30 a 60 euros al mes
Hablamos de derechos, en concreto, de salud. Un bien tan preciado como ese depende a veces de factores que escapan a nuestra voluntad, pero que ponen en riesgo nuestra calidad de vida. Por ejemplo, el suministro eléctrico. Seguro que en el último tiempo, las personas que nos escuchan han visto cómo sus facturas de la luz se han incrementado de forma considerable. Pues imaginen si para vivir necesitan estar enchufados 24 horas a la red eléctrica con algún aparato sanitario.
Es lo que se conoce como personas electrodependientes. Bajo esta denominación se pueden incluir los enfermos renales sometidos a diálisis; personas con insuficiencia respiratoria que precisan de oxigenoterapia; pacientes con ELA en grado avanzado que necesitan de ventilación asistida; personas con déficits graves de movilidad que utilizan grúas, camas articuladas o colchones antiescaras; o quienes sufren apnea del sueño.
Además de padecer esa subida de los precios, estas personas temen que los cortes que se puedan producir en el suministro comprometan sus vidas. En ese sentido, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, pide una regulación justa.
El Defensor del Pueblo Andaluz incide en que para todas estas es fundamental tener garantizada la continuidad en el suministro eléctrico, ya que cualquier interrupción puede suponerles un grave problema, e incluso poner en riesgo su salud o hasta su vida.
Hablamos de estas situaciones con alguien que lo vive en primera persona: Mario Sánchez, vicepresidente de ALCER, la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón.
MARIO SÁNCHEZ – Vicepresidente de ALCER
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