Se trata de una nueva regulación que obliga a las empresas a computar conceptos, antes exentos, a la base de cotización. Ahora, el plus de transporte y de comida, los planes de pensiones, guardería o ayuda escolar para los hijos van a cotizar en el régimen general de la Seguridad Social. La medida aprobada por el Consejo de Ministros va aumentar los costes de las empresas y podrían reducir la capacidad adquisitiva de millones de españoles.
Con esta nueva medida el Gobierno va a cobrar más de 900 millones de euros. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales denuncia que España es uno de los países con mayores cargas impositivas al trabajo, lo que en su opinión, perjudica la creación de empleo y la competitividad de la economía a nivel nacional. El documento publicado por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) no detalla cómo va a repercutir esta medida en la ciudadanía.
Según los sindicatos la medida va a oscilar entre los 60 y los 600 euros anuales. Desde CCOO señalan que esta medida va a suponer una merma en el poder adquisitivo, ya que no consta, en el decreto publicado en el BOE, ni en la Tesorería General de la Seguridad Social, que los empleados y empleadas estén exentos de pago. Jesús Terciado, presidente de la patronal Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, apunta que la situación es preocupante porque esta nueva norma puede hacer que a las empresas no les merezca la pena ofrecer estos beneficios sociales. Por ejemplo aquellos trabajadores que disfruten de un plus de transporte van a perder 5 euros mensuales.
