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CCOO presenta una campaña frente a la “estafa silenciosa y abusiva” de la reduflación

Reduflación en el mercado

El sindicato reclama una legislación que frene las prácticas abusivas empresariales que “exprime a las familias trabajadoras”

Comisiones Obreras ha lanzado una campaña contra la reduflación, una práctica empresarial que consiste en reducir el contenido de los productos sin ajustar su precio, o incluso aumentándolo, a menudo bajo el argumento de una supuesta mejora de calidad. Para el sindicato, se trata de una estrategia generalizada que está afectando directamente al poder adquisitivo de los trabajadores.

“Estamos viendo cómo los envases son más pequeños, cómo se cambia la composición de los productos o se utilizan etiquetas como ‘bio’ o ‘ecológico’ para justificar subidas de precios sin justificación real”, ha señalado Nuria López, secretaria general de CCOO en Andalucía. A su juicio, estas tácticas esconden una única finalidad: aumentar los márgenes de beneficio empresarial.

Desde el sindicato se advierte que, aunque en los últimos años se han conseguido mejoras salariales gracias a la movilización, “ese incremento se lo están llevando las empresas con políticas especulativas y abusivas”. López ha sido tajante al afirmar que “nos están tangando por dos lados: no nos suben los salarios lo que deberían y, por otro lado, aumentan el precio de todo”.

Ante esta situación, CCOO exige al Gobierno central que apruebe una normativa estatal que ponga límites a estas prácticas, especialmente en productos básicos. También insta a la Junta de Andalucía a actuar con responsabilidad y dejar de “dar dinero a las empresas privadas sin exigirles compromiso con los trabajadores”.

La organización ha habilitado en su web un buzón de denuncias para que la ciudadanía pueda alertar sobre casos concretos de reduflación. Además, alerta del impacto que esta tendencia tiene sobre la salud pública, ya que “cuando los recursos no alcanzan, las familias comen peor”.

“El mercado no se regula solo, ya lo vimos con la burbuja inmobiliaria y la crisis energética. Es necesaria una intervención pública que garantice un reparto justo de la riqueza”, concluye López, quien también advierte del efecto que esta situación tiene sobre el pequeño comercio, “que depende de que las familias tengan capacidad de consumo”.

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