Todos los demás grupos parlamentarios consideran que la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana limita los derechos fundamentales, por lo que han hecho un frente común para denunciar en la tribuna el contenido de la norma, con expresiones como «represión», «barra libre para la policía», «ataque a las libertades» o «aberración jurídica», entre otras. Y todos han prometido que si en la próxima legislatura hay una mayoría distinta a la absoluta del PP en esta promoverán el cambio o la derogación de la ley de seguridad ciudadana.
Para el socialista Antonio Trevín, la ley es una vuelta al estado policial y es innecesaria. Además, denuncia que con la coartada de la seguridad quieren cercenar derechos de los ciudadanos, imponiendo el derecho administrativo del enemigo y eliminando el control judicial. Las faltas que hasta ahora se incluían en el Código Penal, es decir, eran sancionadas con intervención judicial ahora pasan a ser castigadas con multas administrativas en las que solo hay intervención judicial a posteriori. Las faltas muy graves se sancionarán con entre 300.001 euros a 600.000 euros; las graves con entre 601 euros y 30.000 euros, y las leves con entre 100 y 600 euros.
Se considera falta grave la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal.
