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Así lo asegura Francisco Rueda, presidente del sector de Justicia de CSIF Andalucía, quien afirma que ese perjuicio será o bien por pago directo o bien por impuestos. Además denuncia que supone un ataque a los trabajadores que hasta el momento se hacen cargo de esta labor. Cerca de 3.500 en España y casi 400 en Andalucía. Los más perjudicados van a ser los trabajadores interinos. Según la propuesta del Gobierno el registro civil pasaría a ser gestionado por registradores de la propiedad. Este sector profesional se ha negado a hacerse cargo del servicio si el nuevo modelo no incluye una contraprestación económica tal y como se acordó por la Asamblea General de Registradores el año pasado en Zaragoza.
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