El Gobierno andaluz defiende la inversión, la simplificación burocrática y las medidas fiscales, mientras la oposición pide rigor y hacer compatibles recuperación económica y derecho al descanso

El Parlamento de Andalucía debate el decreto sobre medidas para la reactivación de la hostelería, ocio y esparcimiento.

Los socios de Gobierno defienden la inversión, la simplificación burocrática y las medidas fiscales, mientras la oposición pide rigor y hacer compatibles la recuperación del sector con el derecho al descanso de la ciudadanía. Durante su presentación, el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, Elías Bendodo, ha señalado que este decreto pretende facilitar la recuperación económica, pero con cautela. Ha puntualizado que apuesta por la inversión y por acabar la maraña burocrática.

Elías Bendodo ha asegurado que estas medidas se financiarán con fondos de la Junta, dentro del plan de emergencia, ya que, ha dicho, las partidas del Gobierno central son insuficientes y no han llegado. Ha insistido en que a Andalucía le corresponderían por peso poblacional 3.000 millones de euros en lugar de los 2.100 que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez.

A esto le ha respondido el diputado socialista Manuel Jiménez Barrios, puntualizando que hay fondos de la unión europea que podrán destinar a sanidad. El diputado socialista ha acusado al Gobierno de PP y Ciudadanos de aprovechar la emergencia para aprobar medidas que no tienen que ver con la crisis sanitaria y menoscabar la participación social y los procedimientos democráticos en el Parlamento.

El PP ha avalado los beneficios de estas medidas porque, según el diputado José Ramón Carmona, ayuda a uno de los sectores más afectados por la crisis de la COVID-19 con medidas fiscales y administrativas que facilitan su recuperación. Desde el grupo parlamentario de Ciudadanos, Raúl Fernández, ha acusado a la oposición de poner trabas a la recuperación económica y ha defendido también el procedimiento a través de decreto porque se ha utilizado anteriormente con el aval del Tribunal Constitucional.

Desde Adelante Andalucía han insistido en que no se ha preguntado a los ayuntamientos qué era lo que necesitaban y solo se les ha permitido gestionar el plan de playas seguras. Ponen en cuestión la utilidad y conveniencia de bonificar impuestos sobre las máquinas recreativas y señalan que las medidas en favor de la hostelería tienen que convivir con el derecho al descanso de los vecinos y vecinas. Para el partido ultraderechista VOX, son medidas positivas que sujetan a un sector en crisis pero critican que las medidas no vayan más allá con, por ejemplo, la exención de impuestos.

Ley de cuentas claras

Adelante Andalucía ha registrado en el Parlamento la Proposición de Ley de cuentas claras y abiertas que persigue que los ciudadanos puedan conocer todos los datos de las cuentas bancarias de la Junta de Andalucía, una iniciativa que persigue luchar contra la corrupción. La iniciativa pretende que se declaren abiertas y accesibles todas las cuentas de la Administración Pública andaluza. Desde el grupo proponente declaran que esta ley es un mecanismo sencillo y útil frente a la mala gestión y posibles casos de corrupción. De hecho, apunta que quizás casos como el de los ERE o el de los cursos de formación se podrían haber evitado si la sociedad entera está pendiente de las cuentas. En este sentido, desde el grupo parlamentario Vox, Ana Gilma declara que esta ley que se pide copia a las leyes de transparencia de las comunidades de Extremadura, Valencia, La Rioja o Aragón, y remarca que todas ellas son accesibles a través de los portales de transparencia o sedes electrónicas destinadas para ello.

Para la puesta en marcha, todos los organismos, consejos, agencias y demás entes recogidos en el ámbito subjetivo de esta norma, deberán hacer públicas las cuentas de las que sean titulares y su saldo correspondiente. Desde Ciudadanos Andalucía, Carlos Hernández, afirma que desde el partido se suman a la lucha por la corrupción y remarca la ya existente transparencia en la Junta de Andalucía donde, según declara, a día de hoy las y los andaluces ya tienen derecho a las cuentas de la comunidad.

Una vez finalizado este debate sobre la propuesta de ley de cuentas claras, comparecieron la consejera de cultura, Patricia del Pozo, el consejero de Sanidad, Jesús Aguirre y el consejero de Educación, Javier Imbroda, para declarar cómo abordar la crisis y los efectos del coronavirus en la comunidad. Entre estas medidas se encuentran las ayudas al sector de la cultura, la reincorporación del personal sanitario y las medidas para la educación de cara al próximo curso.