La semana pasada conocíamos una noticia que ha vuelto a poner sobre la mesa los recursos de las administraciones locales, en concreto, los ayuntamientos.
Hacienda va a reformular el impuesto de plusvalía después de que haya sido anulado por el Tribunal Constitucional. Este considera que el sistema objetivo de cálculo del impuesto es inconstitucional porque determina que siempre hay incremento de valor cuando se transmite un terreno, algo que no ha sucedido en muchos casos tras la crisis del mercado inmobiliario de 2008.
Según se desprende de la nota informativa del Constitucional y a la espera de conocer los detalles exactos de la sentencia, nadie podrá reclamar lo que ya es firme y solo se podría solicitar la devolución en el caso de autoliquidaciones en la que se aplazan los pagos en los últimos cuatro años. Hablamos con Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada.
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