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Es la exigencia del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, a las administraciones públicas. Asevera, en la Onda Local de Andalucía, que desde su oficina no pueden defender las ocupaciones de pisos vacíos por parte de la ciudadanía aunque reconoce que es una provocación tantas viviendas públicas vacías. Reconoce que hay un problema de emergencia habitacional y que se debe obligar a las administraciones a agilizar los trámites para la concesión de viviendas públicas a la población más necesitada. También advierte de que el recurso presentado por el Gobierno central a la última ley andaluza de la vivienda supondrá una dificultad añadida al panorama de la vivienda. Aclara que durante los cinco meses de paralización las familias que no puedan pagar su hipoteca estarán más desprotegidas.
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