«Debemos recordar que las fuerzas policiales tienen el deber, según la Constitución, de proteger el derecho a la manifestación y no de obstaculizarlo», Juan Archilla, coordinador de Amnistía Internacional en Sevilla

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El Gobierno central pretende que el ejercicio de la libertad de expresión se convierta en un delito. Es una de las principales amenazas para la ciudadanía contempladas en las reformas del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana que promueve el Gobierno central. Juan Archilla, coordinador de Amnistía Internacional en Sevilla, alerta en la Onda Local de Andalucía de que, el nuevo texto, convierte en delitos derechos que hasta ahora fundamentales como el de reunión o expresión. Además, Juan Archilla denuncia que, con estas decisiones, se está criminalizando la protesta social pacífica. El coordinador de Amnistía Internacional en Sevilla aprovecha también para alertar del incremento de los abusos policiales. Juan Archilla asegura que las Fuerzas de Seguridad del Estado tienen la obligación por ley de proteger el derecho de manifestación y no de boicotearlos. En este sentido, recuerda que, en la mayoría de los casos, los agentes envueltos en abuso de la autoridad quedan impunes.