Fernando Carnerero – Plataforma de Afectados por la Hipoteca de la Axarquía
El contexto actual con los confinamientos perimetrales y los llamamientos a salir lo justo y necesario, nos lleva a hablar de vivienda.
Además, ha habido noticias esta semana sobre este ámbito. Por ejemplo, la Junta ya ha empezado a pagar las primeras ayudas extraordinarias al alquiler con motivo de la pandemia de la COVID-19. También está el decreto aprobado por la Junta por el que se regula el derecho a la información de las personas consumidoras y usuarias en los casos en que se produzca una alteración en la titularidad de sus hipotecas.
En el ámbito estatal, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, han acordado imponer topes para los alquileres, tanto en los nuevos contratos como en los ya existentes. Esta medida ha recibido la crítica del Gobierno andaluz. Hablamos con Fernando Carnerero, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de la Axarquía, Málaga.
MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
Con este decreto el Gobierno andaluz pretende mejorar la protección de los consumidores ante este tipo de situaciones y garantizar que sean conscientes de quién ostenta la titularidad de su contrato de préstamo hipotecario. Este conocimiento puede ayudarles al ejercicio y defensa de sus derechos, especialmente en los casos que requieran una intervención activa de la otra parte, como una renegociación de las condiciones, la ejecución de la garantía hipotecaria o incluso la extinción del préstamo en unas condiciones más favorables cuando sea litigioso o se haya vendido por un precio inferior a la cantidad pendiente de pago.
Este decreto desarrolla una medida que ya estaba contemplada en la Ley 3/2016, de 9 de junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda. La norma establecía la obligación de la empresa prestamista de informar de la transmisión del préstamo hipotecario o del derecho de crédito derivado del mismo a la persona consumidora y usuaria titular del préstamo y, en su caso, a la persona garante. Con la nueva norma, se desarrolla esa previsión legal, concretando la forma y el contenido de la información que se debe facilitar.
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