El texto final refleja muchas de las enmiendas y aportaciones presentadas por EMA-RTV y discutidas con el conjunto de los Grupos parlamentarios.
Este miércoles 17 de octubre entra en vigor la Ley Audiovisual de Andalucía tras su aprobación en el Parlamento con la unanimidad de la cámara, tal y como recoge el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Se cumple así el último paso de un largo proceso, tras un año de tramitación parlamentaria y después desde que se planteara su puesta en marcha en el año 2014. En todo este tiempo, EMA-RTV ha participado de forma activa en la elaboración de la misma proponiendo medidas y aportaciones en defensa de los medios públicos y ciudadanos, compareciendo ante la Comisión de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, presentando enmiendas al Anteproyecto de Ley y estableciendo reuniones de trabajo con todos los grupos parlamentarios.
Con el texto definitivo (puedes consultarlo AQUÍ), las cien emisoras municipales y ciudadanas integradas en EMA-RTV ven plasmadas sus reivindicaciones en defensa del servicio público, el reforzamiento de la gestión directa y la prohibición de la externalización del servicio, el reconocimiento y regulación de las emisoras comunitarias sin ánimo de lucro y un aumento en la transparencia de los servicios de comunicación audiovisual privado de carácter comercial. Por supuesto, siguen existiendo déficits, como el incremento del papel regulador y sancionador del Consejo Audiovisual de Andalucía, la ausencia de medidas que promuevan un sistema de medios que genere una agenda de información propia, acabar con la opacidad de los negocios jurídicos y los incumplimientos legales de los medios comerciales. Pero, en su globalidad, el balance es positivo.
Con respecto a los medios comunitarios sin ánimo de lucro, la nueva norma andaluza permite su inscripción en el Registro de prestadores de Andalucía, propone medidas de fomento para los mismos y establece el procedimiento de concurso para la obtención de la licencia. Igualmente, reconoce a los medios que surgen en los ámbitos de las universidades y los centros docentes públicos. Y, en función de la disponibilidad del espectro radioeléctrico, la Administración tenderá a obtener un equilibrio entre los prestadores públicos, comunitarios y privados de carácter comercial.
Al margen de estas medidas, la Ley Audiovisual de Andalucía establece la creación del Consejo de Participación Audiovisual integrado por representantes de la ciudadanía y de los agentes del sector. También contempla la aprobación del Plan de Ordenación e Impulso al Sector Audiovisual y de un Observatorio Público de Audiencias de Andalucía que estudie los consumos cualitativos y cuantitativos de los medios de comunicación autonómicos y locales por parte de la población andaluza.
Adicionalmente, cubrirá aspectos insuficientemente desarrollados por la legislación estatal básica en vigor desde 2010 (la Ley General de la Comunicación Audiovisual), sobre todo, en lo relativo a la ampliación de los derechos de los usuarios, la protección de los menores, la participación de la ciudadanía, la alfabetización mediática, el derecho de acceso, el control de las emisiones ilegales y el reforzamiento de las sanciones.
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