La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, cumple cinco años.
Fue el 1 de julio de 2015 cuando entró en vigor, tiempo en el que ha generado multitud de acciones de rechazo y también miles de multas por cuestiones contempladas en la norma. Distintas organizaciones y asociaciones han alzado su voz de protesta, ya que precisamente en el estado de alarma ha continuado la arbitrariedad de las fuerzas de seguridad.
Una reforma urgente de la Ley Mordaza para garantizar el pleno disfrute de los derechos a la libertad de expresión, reunión, manifestación y acceso a la información para toda la ciudadanía, es la principal solicitud de quienes defienden los derechos humanos y ciudadanos de la población. Hablamos con Juan Francisco Villar Caño, responsable de prensa de Amnistía Internacional Andalucía, y con Francisco Fernández Caparrós, coordinador del Área del Cárceles de APDHA.
Petición
Amnistía Internacional ha documentado 61 casos de personas que han sufrido violaciones y abusos contra los derechos humanos durante el Estado de Alarma en cinco diferentes situaciones en el informe que presenta hoy.
Ante esta situación de vulnerabilidad a los derechos humanos, la organización pide 4 solicitudes: Que investiguen las denuncias y situaciones de abusos y violaciones de derechos humanos atribuidas a miembros de las fuerzas de seguridad. Que incorporen mecanismos independientes de investigación y garantías efectivas de supervisión y de rendición de cuentas de la actividad policial; que elaboren un informe que evalúe la actuación de las fuerzas de seguridad durante el Estado de Alarma, en especial sobre grupos vulnerables. Y que se lleven a cabo una reforma urgente de la Ley Mordaza para garantizar el pleno disfrute de los derechos a la libertad de expresión, reunión, manifestación y acceso a la información para toda la ciudadanía.
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