La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Sindicato de Inquilinos consideran decepcionante la nueva Ley de Vivienda y cargan contra las deducciones fiscales a propietarios

El anteproyecto de ley por el Derecho a la Vivienda ha sido aprobado en primera lectura en el Consejo de Ministros de este martes.

Ahora, la previsión es enviarlo al Congreso de los Diputados en proyecto de ley antes de que termine el año. Tras casi 12 meses de negociación tensa entre los socios de gobierno, PSOE y Unidas Podemos, el texto pactado por el Ministerio de Transportes y el de Derechos Sociales ve la luz este martes, con la regulación de los alquileres entre sus puntos más polémicos y que suscitan más rechazo en el sector inmobiliario.

La futura ley incluye la regulación de los precios de alquiler en las zonas tensionadas e impone un recargo del IBI del 150% a las viviendas vacías. También se crea un bono de 250 euros mensuales para facilitar que los jóvenes puedan independizarse.

En cuanto a la regulación del precio del alquiler para los grandes tenedores, aquellos con más de 10 viviendas, deberán bajar por ley los alquileres en base al índice de referencia para todos los contratos en las zonas de mercado tensionadas. Las comunidades autónomas serán quienes soliciten al Gobierno la declaración de zonas de mercado de alquiler tensionado. Andalucía, como las comunidades autónomas lideradas por el Partido Popular se opone a la aplicación de la nueva norma y la tachan de intervencionista.

Ha habido reacciones de los colectivos sociales. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Sindicato de Inquilinos la ven decepcionante y cargan contra las deducciones fiscales a propietarios. Estos mimos colectivos presentaban precisamente hace casi un mes una propuesta para una ley de garantía en el acceso a la vivienda. Hablamos con Lucía Delgado, representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y con Carme Arcarazo, portavoz del Sindicato de Inquilinas.