El agua es un servicio público vital que debe garantizarse jurídicamente. Es uno de los aspectos en los que coincide Luis Babiano, gerente la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, con el Defensor del Pueblo Andaluz, que presentaba esta semana un informe sobre «Servicios de suministro de agua. Garantías y Derechos». Luis Babiano apunta que de ese estudio se deriva la necesidad de consensuar acerca de cómo y quién debe garantizar y asumir ese derecho. Además, el gerente de AEOPAS destaca como importantes otras cuestiones del informe. Por ejemplo, se refiere a la opacidad que denuncia el Defensor del Pueblo en cuanto al establecimiento de tarifas en función del territorio. Además, Luis Babiano alerta de que falta una regulación para determinar si ese derecho humano se cumple. En este sentido, el Defensor del Pueblo Andaluz recuerda en su informe que el acceso al agua no se recoge expresamente como derecho de toda la ciudadanía, ni en la Constitución española ni en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, pero sí puede entenderse indirectamente a través de los artículos que se refieren a la salud, la vivienda digna y a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Por ello, Jesús Maeztu asegura que siendo este un bien básico debería tener mayor peso en las garantías de todo ser humano.
- “El agua es reconocida como un elemento transversal y de regeneración social, de protección medioambiental y erradicación de la pobreza, por lo que es lógico que se luche por ese bien”, Luis Babiano, AEOPAS
- “Necesitamos un modelo público que sea un dique de contención ante la privatización del agua y abrirlo a la ciudadanía”, Luis Babiano, Asociación de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento
- “Las consecuencias de la privatización de la gestión del agua suponen subida de tarifas y cortes de suministro importantes”, Luis Babiano, Asociación de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento
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