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La Junta de Andalucía pone a disposición de la familias afectadas las seis viviendas sociales que tiene disponibles en Sevilla y ha exigido al Ayuntamiento que cumpla con la legalidad y ofrezca otras 16 de las 528 que, aseguran, tiene actualmente vacías. Por su parte, el Ayuntamiento dice que no ha ordenado el desalojo, que se produjo por mandato judicial y asegura que ha ofrecido cobijo para estas familias. Sin embargo, una de las vecinas afectadas, Manoli Cortés, asegura que a pesar de este ofrecimiento de la Junta de Andalucía, no son suficientes viviendas ni hay todavía ningún acuerdo cerrado en firme con ninguna de las dos administraciones a las que piden ayuda.
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