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Es la valoración de María Dolores García, presidenta de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Sevilla ante la última decisión del gobierno de Mariano Rajoy. La medida, aprobada el 26 de diciembre, restringe el derecho a tener tarjeta sanitaria a las personas que pasan más de 90 días, no necesariamente consecutivos, al año en el extranjero y que han agotado su prestación. Esa persona pasa a regirse por las normas del país en el que se encuentre. El gobierno justifica este cambio en que las prestaciones sociales están ligadas al país de residencia y que así sucede en toda Europa pero, para María Dolores García, el único objetivo del ejecutivo central es maquillar las cifras de la Seguridad Social al eliminar la asistencia sanitaria a las más de 600 mil personas que, cada año, abandonan el país en busca de una oportunidad
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