El Defensor del Pueblo Andaluz también pide un ordenamiento legislativo que fije los criterios para suscribirlos
Una de las principales preocupaciones y motivos de queja de la ciudadanía es la situación de la sanidad pública. En especial, la que sufre el primer nivel asistencial, que es donde se estrecha la relación entre médico y paciente. No se puede equiparar a la de la asistencia especializada, ha dicho, ya que suele darse en asuntos coyunturales y no tanto en conocimiento profundo de la persona, su familia y comunidad. Asuntos, como ha dicho, más estructurales.
La nueva orden tarifaria, en palabras de Jesús Maeztu, atenta contra este principio de la Atención Primaria. Y ha recordado que los conciertos con la privada nacieron, tan solo, para garantizar la asistencia especializada, como pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas. Por ello, ha pedido un sustento normativo previo que fije los criterios permanentes para hacer estos conciertos. En otras palabras, una regulación con rango de ley que garantice el derecho a la salud pública.
Además de la sanidad, el Defensor del Pueblo Andaluz se ha referido a asuntos como la necesidad de garantizar una transición digital justa que integre a todas las personas, también a las vulnerables como migrantes y mayores. Igualmente ha reclamado una estrategia global y territorial para abordar la erradicación completa de los asentamientos de infraviviendas en poblaciones freseras de Huelva y en las hortícolas del Poniente Almeriense.
En total, según el informe presentado hoy, la Defensoría del Pueblo Andaluz ha realizado más de 25 mil actuaciones en la defensa y protección de los derechos de la ciudadanía. Ha gestionado más de 12 mil quejas y otras más de 12 mil consultas, además de 660 acciones de promoción de derechos
