El Parlamento andaluz aprueba por unanimidad la Ley Audiovisual de Andalucía para establecer una regulación integral a este sector estratégico para nuestra tierra

La norma establece una regulación integral de este sector estratégico para la economía, la cohesión social y la proyección cultural de la comunidad.

El Parlamento aprueba por unanimidad la Ley Audiovisual de Andalucía con 108 votos a favor. La norma, en la que se lleva trabajando desde 2014, cubrirá aspectos insuficientemente desarrollados por la legislación estatal básica en vigor desde 2010, sobre todo en lo relativo a la ampliación de los derechos de la personas usuarias, la protección de los y las menores, la participación de la ciudadanía o la regulación de ámbitos del sector hasta ahora sin reconocimiento normativo, como es el caso del servicio público audiovisual que prestan universidades y centros docentes.

La Ley (que puedes consultar íntegramente AQUÍ) permite dotar a Andalucía de un instrumento propio que, partiendo de los contenidos mínimos que establece la legislación básica estatal, establece una regulación adaptada a la realidad audiovisual andaluza, reforzando y avanzando en el desarrollo de los derechos fundamentales a la información y a la comunicación de la ciudadanía. En el texto, destacan la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, la protección de las personas menores y mayores, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la batería de medidas para la lucha contra las llamadas emisoras piratas o ilegales, con el refuerzo de la inspección y el régimen sancionador. La Ley Audiovisual contempla también la creación de un Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía, tal y como demandaba el sector.

Otros de los aspectos destacados de la norma es que fomenta la creación, producción, distribución y exhibición de obras audiovisuales andaluzas, la organización de nuevas rutas cinematográficas para la promoción turística y la puesta en marcha de ayudas a la financiación, incentivos y bonificaciones fiscales a las actividades audiovisuales y cinematográficas.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, que ha tomado la palabra antes de la votación, ha agradecido el trabajo parlamentario y de representantes del sector para lograr una magnífica ley. Una de esas entidades ha sido esta casa, EMA-RTV, que ha participado de forma activa en su elaboración proponiendo medidas y aportaciones en defensa de los medios públicos y ciudadanos, compareciendo ante la Comisión de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, presentando enmiendas al Anteproyecto de Ley y estableciendo reuniones de trabajo con todos los grupos parlamentarios. Eso ha permitido recuperar la esencia del texto del anteproyecto que se acordó con colectivos y organizaciones.

Propuestas de EMA-RTV

La apuesta de EMA RTV ha sido la defensa del servicio público, el reforzamiento de la gestión directa y la prohibición de la externalización del servicio, el reconocimiento y regulación de las emisoras comunitarias sin ánimo de lucro y un aumento en la transparencia de los servicios de comunicación audiovisual privado de carácter comercial. Por todo ello, la Ley defiende y potencia los medios de comunicación social de titularidad pública autonómicos y locales, así como los medios de proximidad, a la vez que se fortalece los mecanismos de control del servicio público local. También se reconocen como servicio público aquellos que puedan ser prestados por las universidades públicas andaluzas y los centros docentes públicos no universitarios.

El texto también regulariza la situación de los prestadores comunitarios sin ánimo de lucro, para lo cual define las condiciones de dicha prestación, la gestión de sus licencias, y el control y supervisión de su funcionamiento.