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Las multas y los procesos judiciales abiertos contra sindicalistas pretenden criminalizar las luchas sociales y generar miedo para reducir el activismo social. Así lo señala Pastora Filigrana integrante de la cooperativa de juristas Jarsia e integrante del Sindicato Andaluz de Trabajadores. La jurista cree que el Gobierno trata así de ignorar las necesidades de la ciudadanía en un tiempo de recortes de derechos. Afirma que estas multas y la represión contra los sindicalistas se están realizando de forma aleatoria y que están penando acciones legales y recogidas por la Constitución.
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