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Es la denuncia de Pilar Marcos, responsable de Costas de Greenpeace. Critica los cambios sobre ambas normas que está realizando el Gobierno central y que permiten, por ejemplo, la instalación de chiringuitos desmontables en playas naturales y ampliar estos establecimientos en playas urbanas. Esto, asegura, contaminará aún más la costa porque la normativa no dice cómo gestionar el tratamiento de residuos como el aceite. Espera que la Unión Europea paralice la Ley de Costas y que el Tribunal Constitucional la derogue tras los recursos interpuestos por varias comunidades autónomas, entre ellas Andalucía. La mayor preocupación de la organización ecologista es la protección de las playas seminaturales, ya que la nueva Ley de Costas no especifica nada sobre su gestión. Esto, según Pilar Marcos, las hace depender de las presiones municipales y, asegura, pueden dar lugar a casos como el de Valdevaqueros o El Algarrobico.
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