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AVVAPRO rechaza y cuestiona los datos del Gobierno sobre viviendas ilegales

Vivienda turística

Desmienten esas cifras y alertan que se pretende “desviar la atención” del verdadero problema: la falta de oferta asequible

La nueva Ley de Vivienda de Andalucía, aprobada recientemente en Consejo de Gobierno, y el anuncio del Ejecutivo central sobre la retirada de miles de pisos turísticos de las plataformas digitales han vuelto a avivar el debate sobre el acceso a la vivienda. Según el Gobierno, en España existen 53.876 alojamientos turísticos con irregularidades, de los cuales 16.740, el 31%, se concentran en Andalucía. Málaga, con 8.014, y Sevilla, con 2.289, figuran como la provincia y la ciudad con mayor número de casos.

Estas cifras han provocado la reacción de la Junta de Andalucía, de los ayuntamientos de Málaga y Sevilla y de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVAPRO), que niega los datos difundidos por el Ejecutivo central. En esta línea, el presidente de AVVAPRO, Juan Cubo, ha incidido en que “las palabras son muy importantes, no es lo mismo un alojamiento ilegal que uno irregular porque no haya obtenido su número de registro único”.

Según Cubo, la falta de inscripción en el Registro Digital Único no convierte a una vivienda en ilegal, ya que este trámite solo habilita a que pueda ser publicada en plataformas online. “Nos encontramos con decenas y miles de viviendas completamente legales que, según el registrador que les ha tocado, no pueden obtener el número de registro por lentitud u otros temas”, denuncia.

Es así cómo el presidente de AVVAPRO ha atribuido la situación a la “lentitud” de la administración y a la ausencia de criterios homogéneos entre los registradores, que en ocasiones exigen divisiones horizontales o inscripciones en el Registro de la Propiedad, aun cuando no son obligatorias en España.

Más allá de la polémica sobre los datos, Cubo considera que el foco debería estar en la falta de vivienda asequible. “El Gobierno no para de intentar desviar el problema, que es que la Ley de Vivienda es manifiestamente fallida y lo ha sido estos últimos siete años”, sostiene. En su opinión, la principal causa del encarecimiento del mercado es el desequilibrio entre construcción y demanda: “Tenemos siete ciudadanos más por cada vivienda que se construye, es insostenible”.

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