Ambas normas han salido adelante en el Pleno gracias a la mayoría absoluta de los populares andaluces
El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley de Montes de Andalucía (LEMA) tras recibir los únicos votos favorables del Grupo Parlamentario Popular. La principal novedad de esta ley radica en que prepara al sector forestal para los retos del siglo XXI, adaptando la normativa autonómica a los cambios sociales, económicos y tecnológicos que se han producido en las tres últimas décadas, según la Junta.
Esta nueva Ley de Montes sustituye a la vigente Ley Forestal de Andalucía de 1992, anterior incluso a la estatal de 2003, siguiendo además el mandato del Plan Forestal Andaluz 2030, que en su adecuación más reciente subraya “la urgencia de revisar en profundidad el marco normativo forestal andaluz”. La nueva ley se estructura en siete títulos, con 144 artículos, además de disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales.
Entre las principales novedades del texto se encuentra la “modernización” de la colaboración entre administraciones, de forma que la norma “consolida los convenios de cooperación entre la administración forestal autonómica y las entidades locales, garantizando la autonomía municipal y la corresponsabilidad en la gestión de los montes de titularidad local”. En el ámbito de la participación pública, se crea el Consejo Andaluz de Política Forestal y Biodiversidad, que sustituye al anterior Consejo Andaluz de Biodiversidad. Este nuevo órgano “amplía sus funciones y se adapta a las exigencias actuales de planificación, gestión y conservación, sirviendo como foro de encuentro entre administraciones, sector forestal y sociedad civil”.
Por otro lado, con esta ley el ya existente Catálogo de Montes de Andalucía pasa a denominarse Registro de Montes Públicos de Andalucía, un cambio de nombre que, según la Junta, “evita confusiones y establece una distinción clara entre los montes de carácter demanial y los patrimoniales, cada uno con su régimen jurídico propio”. También se unifica el sistema de usos y aprovechamientos, así como las normas de deslinde y recuperación posesoria, y se determina que “todos los montes de titularidad autonómica se incluyan en el registro, reforzando su protección y garantizando su preservación como patrimonio forestal de todos los andaluces”.
La LEMA introduce la figura del monte protector para los terrenos privados, “en consonancia con la legislación básica estatal”. Este reconocimiento, según defienden desde el Gobierno andaluz, permite “incentivar la conservación de estos espacios mediante ayudas específicas y beneficios para sus titulares, fomentando una gestión más sostenible”. En materia de información forestal, la norma incorpora por primera vez un título completo dedicado a la recopilación de datos, estadística y extensión forestal. El texto aborda, igualmente, la recuperación del Fondo de Mejoras, una figura “histórica y crucial para la gestión de montes públicos catalogados”, y reconoce “el papel fundamental de las ciencias forestales como base del conocimiento y de la gestión sostenible”.
Se promueve la investigación, la experimentación y la transferencia tecnológica, incorporando el uso de nuevas técnicas vinculadas a la digitalización y la inteligencia artificial en la conservación y administración de los montes. En esta línea, se prevé la creación de la Red Muestra, integrada por montes públicos y privados que sirvan de ejemplo de gestión sostenible, y el desarrollo de un Programa de Divulgación Forestal que acerque este conocimiento a la sociedad.
La simplificación administrativa es otro de los pilares del texto. Muchos procedimientos de autorización se sustituyen por declaraciones responsables, lo que, según la Junta, “agiliza las operaciones forestales y facilita la gestión de los propietarios”. El texto “refuerza además el apoyo a la ganadería extensiva, reconociendo su importancia en la conservación de los ecosistemas forestales y en la prevención de incendios”.
La LEMA también impulsa la colaboración público-privada mediante la creación de entidades selvícolas de colaboración. Estas entidades facilitarán la ejecución de actuaciones de gestión forestal sostenible por cuenta de la administración o de los titulares de los montes, mejorando los plazos de resolución y optimizando resultados. Finalmente, el texto establece un régimen de responsabilidades “proporcionado y equilibrado, orientado a prevenir, minimizar o restaurar los daños que puedan producirse, reforzando la defensa de la integridad de los montes andaluces”.
LEY ANDALUZA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL
También el Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles, 25 de febrero, con los únicos votos a favor del PP-A, el proyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (Legam), que ha superado así el debate final en la Cámara andaluza con los votos en contra de los grupos de la oposición, esto es, el PSOE-A, Vox, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía.
Se trata de un proyecto de ley que aprobó el Consejo de Gobierno el pasado mes de noviembre, y que este miércoles ha salido adelante en el Parlamento tras seguir una tramitación de urgencia, con la incorporación a última de hora de cuatro enmiendas del Grupo Socialista con apoyo del PP-A. La nueva ley consta de 197 artículos agrupados en torno a nueve títulos, así como de cinco disposiciones adicionales, otras tantas transitorias, una disposición derogatoria y siete finales.
Al concluir el debate final, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha tomado la palabra desde la tribuna del Pleno para dedicar palabras de agradecimiento a quienes han participado en la elaboración de esta ley, y para subrayar la “convicción” del Gobierno andaluz acerca de que “la sostenibilidad y el medio ambiente es un compromiso firme con el presente y el futuro de nuestra tierra”. La consejera ha defendido que esta ley nace con la “vocación inequívoca” de “proteger mejor el medio ambiente andaluz, garantizándolo y, al mismo tiempo, con procedimientos mucho más eficaces y ágiles”, así como ha reivindicado que uno de sus “grandes logros” es “haber sabido equilibrar protección ambiental y simplificación administrativa”.
En esa línea, ha subrayado que la nueva norma “clarifica procedimientos, evita duplicidades, ordena los instrumentos de intervención ambiental sin rebajar para nada la exigencia de estándares de protección”, según ha remarcado para destacar a renglón seguido que “se refuerzan los mecanismos de evaluación ambiental estratégica y de proyectos, se precisan los supuestos de aplicación y se fortalecen los sistemas de inspección y de control”. Además, la consejera ha defendido que “la evaluación ambiental se consolida como una herramienta esencial para adoptar decisiones basadas siempre en criterios técnicos”, lo que aporta “confianza a la ciudadanía, seguridad jurídica a las empresas y eficiencia a las administraciones públicas”, según ha abundado.
Entre las principales novedades de la ley, destaca la creación de la Estrategia Marco de Medio Ambiente, que actuará como “instrumento de planificación estratégica de referencia para Andalucía”. También se crea el Consejo Asesor de Medio Ambiente de Andalucía, que sustituirá al actual Consejo Andaluz del Medio Ambiente y que contará con la representación de los agentes sociales y económicos “más relevantes”, así como de las entidades locales. La ley promueve igualmente la coordinación interadministrativa, reforzando la cooperación entre los distintos niveles de gobierno para “evitar retrasos y conflictos competenciales”, según valoran desde la Junta.
Asimismo, la norma crea un Registro de Participación Ciudadana en materia ambiental, así como impulsa “convenios, instrumentos voluntarios de mejora ambiental y mecanismos de colaboración público-privada”, y con ella se amplían las funciones de las entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental, que podrán realizar “tareas de verificación documental, apoyo en inspecciones y control de subvenciones, siempre bajo supervisión de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente”. Por otro lado, introduce la creación de la Licencia Ambiental, que sustituye a la antigua Calificación Ambiental que otorgan los ayuntamientos. Así, lo que en la anterior regulación se tramitaba como Calificación Ambiental (CA) pasa, en muchos casos, a resolverse mediante Autorización Ambiental Unificada Simplificada (AAUS), lo que implica que la Junta asume la resolución de 49 categorías de actuaciones que antes correspondían a los municipios.
Asimismo, otras 33 categorías se simplifican pasando a ser objeto de Declaración Responsable de los Efectos Ambientales (DR-EA). Además, en los casos en que una declaración responsable afecte a dos municipios, se resolverá como dos declaraciones diferenciadas, “garantizando una correcta gestión en cada término municipal”.
Desde el Gobierno andaluz valoran igualmente que uno de los avances más destacados de esta nueva ley es la “reducción significativa de los tiempos de tramitación de las autorizaciones e instrumentos de prevención ambiental”. Los nuevos plazos quedan fijados en seis meses para la Autorización Ambiental Integrada y en cinco meses para la Autorización Ambiental Unificada Simplificada; tres meses para Licencia Ambiental; y efectos inmediatos para la Declaración Responsable de los Efectos Ambientales.
Asimismo, el texto actualiza el régimen sancionador, revisando importes, tipificaciones y competencias. Introduce la prestación ambiental sustitutoria, una figura novedosa que permitirá sustituir una sanción económica por actuaciones de restauración, conservación o educación ambiental, reforzando así el sentido reparador y educativo de las sanciones. Finalmente, también se actualizan las disposiciones relativas a responsabilidad medioambiental, “en coherencia con la legislación básica estatal”, y se incorporan nuevas obligaciones y garantías financieras para las actividades potencialmente generadoras de riesgo ambiental.
