Supondría un aumento de un 20% de la superficie regable
Esta mañana, WWF ha presentado los datos de la investigación que ha llevado a cabo sobre este asunto que es objeto de polémica desde hace tiempo. Cabe recordar que ya hubo un precedente la pasada legislatura, que quedó paralizado por las elecciones autonómicas del 19 de junio del año pasado. No se quedaba en el cajón como otras iniciativas y el pasado 12 de abril ya dio el primer paso en la Cámara Autonómica para su tramitación, con el apoyo tan solo de los proponentes: PP y Vox. Y con el rechazo unánime del Gobierno central y Europa que, avisa, habrá consecuencias.
Mientras, UGT y CCOO piden al Gobierno central y la Junta que se sienten a hablar de Doñana y lleven agua superficial a la zona. La finalidad es preservar el Parque Nacionaly reclamaninfraestructuras hidráulicas necesarias para este fin. En este sentido, Sebastián Donaire secretario general de UGT Huelva, señala no está en desacuerdo con poder legalizar hectáreas que están ahora mismo en una situación ilegal, pero sí en que el agua que se pueda utilizar se coja de Doñana y se siga esquilmando el acuífero 27.
Por su parte, la secretaria general de CCOO Huelva, Julia Perea se refiere al impacto de la crisis climática, como la escasez de lluvias. Por ello, dice, es necesario buscar un modelo productivo que no se base tanto en regadíos porque, tal y como indica, a la vista está que las sequías serán cada vez más frecuentes.
Julia Perea tilda de errónea la política de la Junta en materia hidráulica y considera que, de salir adelante la iniciativa, no solo habrá consecuencias negativas para el entorno, también para la imagen de los productos que emanan de la zona y de los agricultores que sí han realizado su trabajo en la legalidad.
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