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El Gobierno y el Parlamento español sigue elaborando leyes al dictado de la Asociación Española de Banca. Lo hace a pesar de ir en contra de los derechos humanos según Rafael Mayoral, asesor jurídico de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Denuncia que el Estado tampoco cumple con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europeaque ha dictado, este mismo mes, que la legislación hipotecaria española aprobada por el PP en 2013 viola los derechos fundamentales de las personas y sitúa a la personas con una deuda hipotecaria en una situación de desigualdad.
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