El Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género recoge formación en igualdad para el poder judicial

DE ESTE A OESTE – AMPARO DÍAZ RAMOS – Abogada experta en Violencia Machista

La reforma de la Ley del Poder Judicial sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género recogía formación en igualdad y violencia para el ingreso o promoción en la carrera judicial y fiscal. Este nuevo texto incluye en el artículo referente a las pruebas de selección que durante la fase teórica de formación multidisciplinar se incluirá «el estudio en profundidad de las materias que integran el derecho antidiscriminatorio y contra la violencia de género en todas sus formas». Además, se indica que «este contenido temático será objeto de evaluación específica y habrá de ser superado para iniciar el periodo de prácticas». Por su parte, el Partido Popular no quiere que los jueces tengan un examen específico de igualdad y violencia de género tras su formación sobre esta materia en la Escuela Judicial y tampoco que la superación de esta prueba condicione su selección para la carrera judicial. Profesionales de la abogacía como Amparo Díaz Ramos, señalan que la formación en esta materia con un enfoque de psicología y transversal es fundamental para un correcto uso del derecho.

Además, Amparo Díaz reconoce que dentro de nuestro derecho no se recoge la violencia psicológica y esto genera inseguridad por lo que muchas mujeres nunca han llegado a denunciar por miedo. Tanto es así, que esta abogada señala en los micrófonos de la Onda Local de Andalucía que no recomienda realizar una denuncia como primera instancia, en el caso de que no haya peligro, ya que lo mejor es recoger pruebas y denunciar a través de un abogado en lugar de la policía.

En el sentido de la reforma laboral, Unidos Podemos se reclama incluir en el texto que todas las pruebas selectivas para el ingreso o promoción en la carrera judicial y fiscal deben contemplar el estudio del principio de igualdad entre mujeres y hombres incluyendo las medidas contra la violencia machistas y su aplicación con carácter transversal en el ámbito de la función jurisdiccional.