Martín Durán (FOAM) – Antonia Gutiérrez (Acued)
Las residencias de personas mayores no abandonan el centro de la confrontación.
También los profesionales de las residencias llegan a la extenuación ante la sobrecarga de trabajo, incertidumbre y cambios constantes de medidas y protocolos que parten de la administración autonómica. La última novedad es la puesta a punto de un servicio de inspección de salud en las residencias. Hará visitas cada dos semanas para fiscalizar los planes de contingencia y medios ante la COVID-19 de estos centros.
También tiene como objetivo ayudar a solucionar problemas que no tengan que ver con su gestión, pero sí con la de las consejerías de Salud o Igualdad. Un anuncio que hacía la semana pasada la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García.
La realización de pruebas PCR es una reclamación contundente y extendida en el tiempo de las propias plantillas de las residencias. Lo cierto es que la segunda ola tiene mayor incidencia en este colectivo que en la primera. Desde marzo hasta agosto, los fallecimientos por coronavirus han sido de 566 usuarios. Pero desde esa fecha hasta el miércoles 11 de noviembre han fallecido 452. Esto, en cuestión de dos meses y medio. Por ello hablamos con Martín Durán, presidente de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores, FOAM, y con Antonia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Cordobesa de Unidades de Estancias Diurnas y Servicios Sociales para la Dependencia (Acued).
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