ALEJANDRO PERALES- Asociación Usuarios de la Comunicación
La Asociación de Usuarios de la Comunicación valora el primer paso para recurrir al Tribunal Constitucional el decreto 2/20 que modifica la Ley Audiovisual de Andalucía.
Ha elaborado un informe sobre sus consecuencias para mostrar su preocupación por el desmantelamiento del servicio público de radio y televisión en Andalucía que supone este decreto. El presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, Alejandro Perales, afirma que el decreto ley 2/20 contraviene la legislación estatal básica en materia audiovisual. Además, lamenta la ausencia de los criterios óptimos de participación y de transparencia en su convalidación en la Diputación Permanente de la Cámara Autonómica. Del mismo modo, critica que contemple la reforma de la Ley Audiovisual de Andalucía. Alejandro Perales matiza que, debido a su reciente aprobación, es referente para los cambios legislativos que se tienen que producir, en esta materia, en el conjunto del Estado.
Del mismo modo, Alejandro Perales explica que el Decreto 2/20 parte de un mal diagnóstico. En lugar de resolver los problemas que pueden presentar los medios locales públicos y comunitarios y mejorar sus condiciones para que puedan realizar su labor con sostenibilidad y profesionalidad, se ha optado por realizar un «efecto llamada» al empresariado privado dándole todo tipo de facilidades en detrimento, precisamente, de estos medios de proximidad.
Primer paso
Ya este martes se anunciaba el paso del Consejo de Ministros para pedir al Consejo de Estado el informe preceptivo con el que recurrir el decreto de la Junta que modifica, entre otras normas, la Ley Audiovisual de Andalucía. El grupo parlamentario de Adelante Andalucía, que también está iniciando acciones para llegar a ese recurso de inconstitucionalidad, valora este paso. Mientras, no dejan de sumarse entidades al manifiesto firmado, entre otras por esta casa EMA-RTV, que pide al Consejo Audiovisual de Andalucía que se pronuncie sobre este decreto. Por ejemplo, la Asociación de Usuarios de la Comunicación, que también ha elaborado un informe sobre sus consecuencias mostrando preocupación por el desmantelamiento del servicio público de radio y televisión en Andalucía que supone este decreto.
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