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La asistencia jurídica específica vuelve a las cárceles andaluzas. La Junta de Andalucía, el Ministerio del Interior y los colegios de abogados van a suscribir, finalmente, el convenio tripartito para reanudar ese servicio, que estaba paralizado desde 2012. Valentín Aguilar, coordinador del Área de Cárceles de Pro Derechos Humanos de Andalucía, cree que es una noticia positiva pero apunta que tiene una serie de inconvenientes. Denuncia que en el actual convenio se ha reducido la partida económica y, además, han cambiado los servicios suscritos. Para Valentín Aguilar, este nuevo acuerdo supone un recorte encubierto, ya que permite el acceso a un abogado, pero solo para consultar qué hacer en determinadas circunstancias, no para proceder en las denuncias o actuaciones.
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