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Esa es la valoración de Víctor Ortiga, portavoz de la Plataforma de Docentes Andaluces por la Educación Pública, frente a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE, que entraba en vigor la pasada semana. Esta reforma, entre otras medidas, opta por sustituir la Prueba de Acceso a la Universidad por una prueba para la obtención tanto del título de la ESO como el de Bachillerato. También incluye la asignatura de religión en el expediente, promueve la educación plurilingüe y se van a conceder conciertos con los colegios que segregan por sexos. Según el portavoz de la Plataforma de Docentes Andaluces por la Educación Pública, la LOMCE supone un caos para la organización de los centros. Afirma que con la cesión del suelo público a centros privados o concertados que recoge la ley, Andalucía queda libre a la entrada de empresas que busquen hacer negocio con la educación. Lo que se traduce, según denuncia, en nuevos contratos precarios para el profesorado y que los trabajadores interinos queden en la calle.
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