ANTONIA ÁVALOS – Mujeres Supervivientes
Nuevo asesinato machista en Andalucía.
Un hombre ha matado a su pareja y se ha suicidado después quemando la casa. Los cuerpos sin vida de ambos han sido hallados este viernes con heridas por arma blanca en el interior de una vivienda de Córdoba en la que se había registrado un incendio. Los investigadores barajan la violencia machista como principal hipótesis. El hombre estaba en libertad condicional tras una condena por asesinato de su expareja en un municipio de la provincia de Cádiz al principio de la década del 2000, según han confirmado fuentes de la investigación en base a las primeras pesquisas.
Si se confirma este caso como violencia machista, serían 25 las mujeres muertas en lo que va de año a manos de sus parejas o exparejas. Está todavía pendiente como caso en investigación el de la mujer de 29 años asesinada por su marido el 7 de junio de 2019 en Ayamonte (Huelva).
A raíz de estos crímenes hemos querido ahondar en el pacto alcanzado por PP, Ciudadanos y Vox para salvar las cuentas andaluzas que incorpora un teléfono de atención contra la violencia intrafamiliar. Tanto desde el Gobierno andaluz como desde la formación de ultra derecha, justifican esta medida argumentando que la puesta en marcha de este servicio no perjudica a las mujeres víctimas de violencia machista porque, insisten, viene a ampliar los supuestos que hasta ahora estaban tasados. Sin embargo, para Antonia Ávalos, portavoz de la asociación Mujeres Supervivientes de Violencia de Género, esta medida perjudica seriamente a las víctimas que necesitan esos recursos económicos para su protección.
Además, Antonia Ávalos considera muy grave que el término ‘intrafamiliar’ intente negar una realidad palpable como es la violencia que sufren las mujeres por el simple hecho de serlo.
La voz de la Junta de Andalucía
Este teléfono, explican desde la Junta, va a estar gestionado por personal cualificado para la protección de víctimas de la violencia intrafamiliar, en un sentido amplio. Para ello, se dotarán de los medios técnicos necesarios para su atención y derivación, en su caso, a los servicios sociales o a las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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