La Federación Andaluza de Memoria Democrática critica la decisión del Supremo
Un total de 113.326 españoles nacionalizados a través de la Ley de Memoria Democrática no podrán participar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre como consecuencia de la suspensión cautelar del derecho al voto acordada por el Tribunal Supremo. La cifra ha sido comunicada por la Abogacía del Estado, después de revisar el número inicial de afectados. La medida afecta a quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la conocida como ‘ley de nietos’, salvo que acrediten ser hijos o nietos de exiliados políticos.
En la Onda Local de Andalucía, Nieves Hernández, integrante de la Junta Directiva de la Federación Andaluza de Memoria Democrática, ha calificado la decisión de “incomprensible desde el punto de vista jurídico” y ha lamentado que se impida a los descendientes de españoles ejercer su derecho al sufragio.
“El voto es también un vínculo con nosotros”, ha afirmado Hernández, quien recuerda que la legislación de memoria democrática permitió reparar situaciones de discriminación que habían impedido acceder a la nacionalidad a determinados descendientes de españoles. La representante de la Federación también ha cuestionado la gestión de las políticas de memoria democrática por parte de la Junta de Andalucía.
Hernández ha denunciado que la ley andaluza, que cumplirá diez años el próximo año, se encuentra en una situación de “paralización de facto“. Según sostiene, las partidas presupuestarias no se traducen en suficientes actuaciones y su ejecución continúa siendo mínima. La Federación reclama reforzar los trabajos de recuperación de víctimas, la reparación a sus familiares y la divulgación de la memoria histórica entre las nuevas generaciones.
ENTREVISTAMOS A NIEVES HERNÁNDEZ, INTEGRANTE JUNTA DIRECTIVA FEDERACIÓN ANDALUZA MEMORIA DEMOCRÁTICA
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