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Los accidentes ferroviarios y la huelga general del 11N tensan el Parlamento andaluz

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Juan Manuel Moreno y la oposición se enfrentan por la gestión del Gobierno central en la sesión de control al Ejecutivo regional

La sesión de control al Gobierno andaluz de este jueves ha estado marcada por el enfrentamiento entre el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, y la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, a cuenta de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda y la huelga general del 11 de noviembre.

Moreno ha responsabilizado al Gobierno central de la falta de inversión y mantenimiento ferroviario y ha exigido explicaciones por ambos siniestros. Además, ha criticado que Montero defendiera la “dignidad política” del exministro Óscar Puente tras su dimisión. Por su parte, la dirigente socialista ha acusado al presidente andaluz de utilizar políticamente el dolor de las víctimas y ha reclamado responsabilidades por la gestión del incendio de Los Gallardos y la crisis de los cribados de cáncer de mama.

La huelga general también ha protagonizado buena parte del debate. Montero ha reprochado al Ejecutivo autonómico que mantuviera el debate presupuestario coincidiendo con las movilizaciones. Moreno, en cambio, ha criticado la ausencia de los grupos de izquierda en el Parlamento.

Desde Por Andalucía, Antonio Maíllo ha defendido el éxito de la convocatoria, mientras que José Ignacio García, de Adelante Andalucía, ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por las actuaciones policiales durante las protestas.

Por su parte, Vox ha cuestionado el papel de los sindicatos y ha defendido, junto al PP, los presupuestos autonómicos de 2027, que ascienden a unos 54.700 millones de euros.

La violencia de género ha sido otro de los asuntos destacados. El PSOE-A ha acusado al Gobierno andaluz de retroceder en igualdad por su pacto con Vox, mientras que las consejeras y consejeros del Ejecutivo han defendido sus políticas y han utilizado la investigación de la Fiscalía Europea sobre las pulseras antimaltrato para cuestionar la gestión del Gobierno central.

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